Según un informe presentado el pasado mes de abril por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el período medio de pago de las facturas a los autónomos, entre el sector público y privado, se sitúa en 84 días durante el primer trimestre del año, es decir, tres veces más que lo que permite la Ley de Morosidad (30). Es evidente, por tanto, que el problema es bastante habitual para los trabajadores por cuenta propia. De este modo, es necesario que lleven a cabo un procedimiento concreto de actuación, con el objetivo final de recibir lo adeudado.

En el caso de que no se reciba el pago de la factura en el periodo de tiempo establecido, se ha de contactar con el cliente o empresa morosa para confirmar si existe algún error de buena fe por parte de éste, ya sea que no le haya llegado la factura o que se haya olvidado de hacer el ingreso. En el caso de que el cliente especifique que no puede pagar la factura, sería conveniente establecer un periodo de plazos con la intención de facilitar el pago. También puede ser interesante plantear un intercambio de servicios o de productos, como mal menor ante una situación de morosidad.

Si la deuda permanece, y no hay intención por parte del deudor de hacer efectivo el pago, existen diversas vías de carácter legal, en función de la cantidad total que se debe. En primer lugar, si el cliente actúa de mala fe y no paga voluntariamente, se puede contratar a una empresa de cobro de morosos. A su vez, otra opción por la que puede inclinarse es por la retirada del acceso al producto o servicio que se le haya vendido, siempre que esto sea posible.

En el lado extremo se sitúa la apertura de un proceso judicial. Así, ante una situación de impago, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite reclamar cantidades de hasta 250.000 euros, siempre que se puedan acreditar mediante facturas. Este proceso está pensado para autónomos y responsables de pymes que requieren hacer uso de un mecanismo sencillo y rápido, pues en la mayor parte de los casos se resuelve en apenas unas semanas.

Por último, los autónomos también tienen alternativas y soluciones a las que pueden acceder libremente, como el Factoring. Se trata de un instrumento de financiacióndirigido a las empresas. Este se lleva a cabo a través de un contrato en el que una empresa traspasa las facturas que ha emitido y, a cambio, obtiene el anticipo que le deben de una entidad financiera.

Esta operación conlleva múltiples ventajas para las empresas, ya que estas organizacionessimplifican sus trámites administrativos, eliminando a su vez el riesgo de impago. De hecho, su principal virtud consiste en la no obligatoriedad de emitir un pagaré, de modo que la empresa pueda obtener financiación a través de la presentación de una factura.
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